SITUACIÓN EUROPEA DE LA ACCESIBILIDAD WE

Lourdes González interviene a continuación asegurando que desde Technosite y las
entidades de la discapacidad el ideal sería partir de unos máximos, o al menos con
objetivos más ambiciosos: “He leído las enmiendas o propuestas enviadas desde la
Unión Europea de Ciegos, y efectivamente van en esa línea de ampliar al menos a los
sitios web bancarios, para que podamos consultar el recibo de la luz, ese tipo de
servicios que son básicos para cualquier ciudadano, que en España sí está cubierto
por la legislación, pero el resto de países no quiere que dependa de sus legisladores
el que se cubran esos servicios. A lo mejor los plazos tienen que ser distintos. Aquí
en España comenzó la legislación obligando a que se cumpliese la accesibilidad en
las web de la Administración pública y luego se ha ido ampliando a la de las grandes
empresas. Creemos que esa deberías ser la tendencia en Europa y tenemos la
esperanza de que en ese proceso que estáis de borrador de directiva se pueda dar un
paso más en ese sentido”.
En este sentido, surge la referencia al caso español como un ejemplo a la hora de
hablar de la normativa en la accesibilidad web, y así lo exponía Juan Carlos Ramiro:
“El recorrido en España ha sido bastante satisfactorio en general, y España ha sido
pionera en estas cosas y en una legislación integral, con sus fallos, pero el mayor
fallo que tiene es que es una gran desconocida y que el ciudadano desconoce los
mecanismos que tiene para hacerla efectiva. En España primero se sacó un desarrollo
de la LIONDAU, el Real Decreto de condiciones básicas de accesibilidad a la
Sociedad de la Información, y poco después una ley que se superpone al Real
Decreto, que era la Ley de impulso y sociedad de la información, que ampliaba la
obligación a todas aquellas empresas privadas que ofertaran servicios de especial
trascendencia para los ciudadanos, como serían los financieros, por supuesto las
eléctricas que son concesiones públicas, etc.”.
De ahí que la propuesta europea no sea tan satisfactoria para algunos sectores de la
sociedad española, como expone el representante del CENTAC: “La directiva se
puede quedar muy corta y hay que tener en cuenta que la tecnología se ha introducido de manera transversal en todos los ámbitos de la vida, no
solo en los espacios públicos, sino en el ámbito financiero, en el del ocio, de los servicios de cualquier tipo, y creo que es un error enorme y
afectará negativamente al ciudadano, ya no el ir a máximos, sino quedarnos tan escuetamente como es el ceñirse a los servicios públicos, y
máxime cuando no en todos los Estados tienen los mismos servicios públicos y se pueden producir verdaderas distorsiones en el bienestar del
ciudadano”.
Incumplimiento y niveles de accesibilidad
Desde la Comisión europea la visión es distinta y exponen la situación que se
encuentran ante realidades diversas que se corresponden con 25 Estados miembros.
Uno de los problemas hace referencia al incumplimiento de las normas, como expone
Sanmartín: “Nosotros nos hemos dado cuenta, según una serie de estudios, que se
puede tener una legislación vigente y eso no garantiza que el nivel de accesibilidad se
cumpla. Los últimos datos que manejamos dicen que en España la legislación puede
estar muy bien redactada pero los datos de cumplimiento están en torno a un 60 por
ciento de accesibilidad en las páginas web del sector público, lo cual hace pensar que
hay un trabajo por hacer, y nosotros queremos que esos porcentajes se incrementen.